Procesaron al empresario Marcelo Porcel por abuso y corrupción de menores y por producir pornografía infantil

El caso Porcel dejó de moverse en el terreno de las denuncias y las cautelares cruzadas para ingresar de lleno en una etapa judicial distinta. Después de más de un año y medio y de una decena de denuncias de excompañeros de sus hijos, la Justicia procesó, sin prisión preventiva, al empresario Marcelo Porcel por corrupción y abuso sexual agravado de menores, además de haber producido material de contenido sexual, un delito que es una de las maneras de ejercer o promover la prostitución infantil.

Además, avanzó con medidas concretas como la prohibición de salir del país, restricción de movimientos y entrega del pasaporte bajo apercibimiento de detención. En un expediente que ya había escalado por el intento del acusado de frenar la difusión periodística, el cambio de etapa es evidente: de la disputa por el relato, a la consolidación judicial de los hechos. El juez Carlos Bruniard dispuso el procesamiento de Marcelo Porcel en la causa CCC N° 36627/2024, al considerar acreditados —con el grado de probabilidad que exige esta etapa— una serie de delitos de extrema gravedad. Según la resolución, el empresario quedó imputado como autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, cometido contra menores de trece años y en un contexto de guarda ya que los menores estaban en su casa al ser compañeros de alguno de sus hijos. El magistrado acreditó que se trató de hechos reiterados que involucran al menos a diez víctimas.

A esa figura se le suma, en concurso ideal, el delito de corrupción de menores, también en múltiples oportunidades, y en uno de los casos, la producción de representaciones sexuales de un menor de edad. Este último delito deriva de las pericias que se hicieron en el celular del empresario en el que se encontraron grabaciones que, a escondidas, realizaba en el baño de su domicilio cuando los compañeros de sus hijos se duchaban.

La resolución no sólo avanza sobre la calificación penal sino que también fija límites concretos a la situación personal del acusado. El magistrado, si bien no dictó la prisión preventiva como pedía la querella, le impuso a Porcel la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, lo que en los hechos implica un impedimento para salir del país sin autorización judicial. Además, deberá entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de incumplimiento. La medida fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones, en un intento por asegurar la sujeción del imputado al proceso en una causa que, por su volumen y gravedad, empieza a consolidarse como uno de los expedientes más sensibles del fuero criminal.