La administración libertaria quiere modificar la normativa para atraer inversiones
En otra lamentable sesión en el Senado, la discusión sobre la Ley de Glaciares, vigente desde 2010 pero con modificaciones entreguistas por parte de la gestión libertaria, volvió al centro de la escena política con su media sanción. La iniciativa —que ahora pasará a tratamiento en Diputados— redefine la protección del ambiente periglacial y abre un nuevo capítulo en la disputa por el uso de estas zonas consideradas reservas estratégicas de agua que poco parece importarle al gobierno de Milei.
La legislación actual protege y conserva las áreas periglaciares y prohíbe actividades que puedan comprometer su integridad. El proyecto impulsado por La Libertad Avanza apunta a introducir cambios que, según sus críticos, permitirían avanzar con desarrollos vinculados a la megaminería y los hidrocarburos en territorios hoy resguardados. Organizaciones sociales, ecologistas y hasta actores han compartido su repudio frente a este hecho.
De acuerdo con lo planteado oficialmente, la modificación busca otorgar mayor potestad a las provincias para definir los alcances de la protección ambiental en sus territorios. En ese punto se concentra una de las principales controversias.
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