La reforma busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros sin penalidades; los funcionarios quedaron fuera de los beneficios del régimen; la oposición denunció un nuevo blanqueo
El oficialismo en Diputados le dio media sanción este miércoles por la noche a la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que busca ampliar el universo de contribuyentes que puedan formalizar ahorros que mantienen fuera del sistema sin penalidades, luego de conseguir la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa será girada al Senado para continuar su trámite legislativo. En la votación en particular, todos los títulos del proyecto obtuvieron el mismo resultado. La sesión continuó con el debate del acuerdo Mercosur-Singapur. Tras ello, el Gobierno logró ratificar en Diputados la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) por amplia mayoría. Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.
También aprobó la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca y distintos proyectos para declarar capitales simbólicas en Corrientes, Tucumán, la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Chivilcoy y San Juan.
Aprobó además la creación de segundas salas en las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Tucumán y Mar del Plata, ambas iniciativas con media sanción del Senado. Por último, obtuvo también media sanción la “Ley Joaquín”, que establece medidas de seguridad para evitar accidentes con arcos y postes deportivos.
El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias, vigente desde 2025. Entre otros cambios, elimina los topes para ingresar al sistema: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. También aseguró que permitirá a ARCA concentrar sus controles en quienes presenten inconsistencias relevantes: “Aquellos que tienen discrepancias de determinados montos que generen sospechas de que esa persona está generando un ingreso que no corresponde”. A pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó una restricción para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero no accederán a sus beneficios.
La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento. En esos casos, no regirá la presunción de que lo declarado es correcto ni la protección de la llamada “discrepancia significativa”. ARCA podrá fiscalizarlos ante cualquier diferencia detectada y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales. El oficialismo modificó el proyecto para excluir de los beneficios a funcionarios y exfuncionarios de los últimos cinco años, pero no extendió esa restricción a sus cónyuges y familiares. El dictamen también reduce en un 25% las multas por determinadas infracciones formales para MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. A eso se suma una quita del 50% para ciertas multas anteriores que todavía no estén firmes o canceladas, siempre que se regularice el incumplimiento.
Además, limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de fondos correspondientes a ejercicios anteriores, flexibiliza el criterio de “discrepancia significativa” y aclara que los pagos en efectivo realizados mediante escrituras públicas son compatibles con el régimen.
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