Antes de anunciar el cierre de Fate, la otra empresa del grupo Madanes había decidido usar el predio para un contrato que le adjudicó el gobierno

Aunque el gobierno desconociera de antemano la oportunidad de la decisión del grupo Madanes de cerrar la fábrica de neumáticos de Fate situada en San Fernando, tuvo al menos indicios de que eso podía suceder cuando el 1 de septiembre del año pasado adjudicó a Aluar, la otra empresa del grupo familiar, un contrato de USD 4,5 millones en el marco de la licitación AlmaGBA de la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, para la instalación de grandes Baterías Estacionarias (conocidas como BESS, por su sigla en inglés: Battery Energy Storage System) que contribuyan a estabilizar el sistema de generación eléctrica en el Gran Buenos Aires reforzando las redes de Edenor y Edesur. De hecho, Aluar instalará esas baterías en una fracción del terreno de Fate en San Fernando y poco antes del anuncio de cerrarla había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), una transacción por USD 27 millones para la compra de parte del predio donde está instalada la planta de fabricación de neumáticos. A ese indicio se sumaban las cada vez más fuertes y explícitas declaraciones públicas del principal dueño de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, por los conflictos sindicales con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA), uno de los más combativos del país, de orientación trotskista, y la durísima competencia de los neumáticos importados chinos, que se intensificó con la política cambiaria de los últimos dos años, con el precio del dólar corriendo a la zaga de la tasa de inflación, y la reducción del 36 al 16% del arancel a la importación de neumáticos.